Conflictos de interés a la luz del sol

por Pablo Soffia.

El 23 de Marzo del 2010, en el marco del programa de la reforma a la salud propuesto por el gobierno demócrata del presidente Barack Obama, fue promulgada en los Estados Unidos la Patient Protection and Affordable Care Act (Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible). Esta ley ha sido materia de intenso debate en los medios y es conocida por la opinión pública debido a la exigencia que impone a los adultos estadounidenses de contar con un seguro de salud, a cambio de una penalización con multas. Esta ley, popularmente conocida en Estados Unidos como Obamacare, fue recientemente ratificada por la Corte Suprema en junio pasado, a pesar de la oposición de sectores conservadores del Partido Republicano.

Menos conocida, pero incluida en esta ley, es la llamada Physician Payment Sunshine Act (podría ser traducida libremente como Ley de Transparencia de los Pagos a Médicos), que impone a los fabricantes de medicamentos, dispositivos médicos y biológicos, así como a los proveedores de insumos, la obligación de declarar “cualquier pago o transferencia monetaria” a los médicos individuales y hospitales docentes. El primer reporte obligatorio se esperaba para marzo del 2013, concerniente al año 2012. No obstante, dificultades en su implementación han obligado a su postergación para 2013, año en que se comenzará a registrar la información.

Dentro de las exigencias impuestas a la industria, se incluye información sobre el monto de los pagos, la fecha de los mismos, el tipo o modalidad de las transferencias y la naturaleza de las mismas (por ejemplo, regalos, consultorías, viajes, comidas, etc.)

Como era esperable, esta ley ha suscitado un intenso debate y tiene fuertes detractores. En un artículo publicado en el USA Today en Febrero de este año, Lance Stell, profesor de ética médica, advierte sobre los posibles efectos negativos, argumentando que al estigmatizar los pagos a los médicos, difícilmente habrá estímulos para hacer investigación clínica y educación médica continua, si ésta no es remunerada. En todo caso, la ley establece varias excepciones a la notificación obligatoria. Por ejemplo, aquellas transferencias menores a US$10 o que no sobrepasen el valor de US$100 al año, muestras médicas que no son para la venta y que tienen como finalidad el uso por pacientes, material educacional que vaya en beneficio directo de los pacientes, préstamos en demostración de equipos médicos por períodos menores de 90 días, descuentos y donaciones a instituciones certificadas de caridad, entre otras.

Es importante entender que esta ley surge en los Estados Unidos como respuesta a un clamor generalizado: la necesidad de regular y transparentar los pagos de la industria a los médicos. Desde el año 2007, las autoridades federales han ido aumentando las exigencias sobre la transparencia en materia de pagos. Así, en su número del 24 de Octubre del 2011, la prestigiosa revista Archives of Internal Medicine publicó un artículo de investigación sobre los pagos de los fabricantes de prótesis de rodilla y cadera de los Estados Unidos a los traumatólogos. El estudio fue posible gracias a la desclasificación de los pagos por exigencia del Departamento de Justicia, establecido el año 2007.

Los datos recolectados demostraron que entre los años 2007 y 2010, la industria pagó un total de casi US$200.000.000 a cerca de 1.000 traumatólogos, fundamentalmente bajo el marco de “consultorías”. Los pagos se concentraron en dos grupos de médicos, aquellos con un elevado volumen de cirugías anuales y aquellos con cargos académicos relevantes, debido a su influencia potencial sobre los jóvenes residentes. Los autores concluyen que es necesario avanzar en la implementación de obligatoriedad (para los médicos) de formularios de declaración de conflictos de interés (disclosure forms) que puedan llegar finalmente a conocimiento de los pacientes.

De esta manera, cada vez hay mayor conciencia de que la regulación es necesaria. Como ya se ha mencionado anteriormente en varias publicaciones, se ha demostrado que los pagos pueden interferir en el juicio clínico y afectar directamente a los pacientes, tanto desde el punto de vista de la calidad de la atención como de los costos.

Iniciativas como Médicos Sin Marca están promoviendo cambios en la misma dirección, que tarde o temprano llegarán a Chile.