Promover el rol investigador del Estado y de entidades sin fines de lucro, junto con una adecuada regulación y transparencia de la investigación clínica financiada por compañías farmacéuticas (y otras).
El conocimiento médico debe considerarse un bien público, destinado a mejorar las condiciones de vida sanitarias de la población. La investigación financiada por la industria farmacéutica tiende a entregar resultados sistemáticamente favorables a sus productos que permiten mejorar las ventas, pero que no necesariamente representan un avance para la salud de las personas. El foco de la investigación financiada por la industria se ha dirige mayormente hacia mercados ya establecidos como seguros y rentables, dejando de lado la investigación no farmacológica o de patologías poco frecuentes o en población vulnerable. En la medida en que el Estado e instituciones sin fines de lucro se involucran en la investigación, esta se enfoca en problemas significativos para la población y contribuye a mejorar las condiciones sanitarias.
