Gato por liebre

La campaña de desprestigio en contra de los genéricos tiene desde hace décadas alcance universal. En Chile su principal fundamento ha sido uno muy simple: la ausencia de estudios de bioequivalencia (BE) que demuestren que las copias son iguales al original, hecho que a muchos parece servir de apoyo para saltar a la conclusión de que «los genéricos son pura tiza» (fama que nunca se han hecho –curiosamente– los genéricos de marca, pese a adolecer de la misma limitación).

Big Pharma –la gran industria productora de originales y mano invisible detrás de muchas anécdotas espeluznantes sobre genéricos– ha afirmado más de una vez que su posición (u oposición) respecto de las copias sería muy distinta si éstas contasen con la debida certificación de calidad y BE. Que ellos también están por un mayor acceso a los medicamentos por parte de la población con menores recursos, pero –subrayan– siempre que se trate de medicamentos de calidad garantizada.

Sin embargo, lo que ocurre en países desarrollados que cuentan desde hace tiempo con garantías de calidad y BE (1, 2), y lo que ha ido ocurriendo en nuestro país a medida que se implementa la exigencia de tales certificaciones, hace pensar más bien que los ataques contra los genéricos (bioequivalentes o no) no cesarán.

Un ejemplo de ello lo encontramos en el diario La Segunda la semana pasada. En una nota titulada «Remedios de marca versus genéricos: Experto de U. de Londres asegura que no siempre son iguales», el doctor Atholl Johnston afirma que «sus estudios han comprobado que en algunas enfermedades más complicadas los medicamentos de marca no debieran ser sustituidos». Como ejemplos menciona a los antiepilépticos y a la ciclosporina (medicamento anti-rechazo para pacientes transplantados): «Con el tiempo me di cuenta de que en especial para esta droga no estaba confirmado el resultado óptimo para los bioequivalentes». Y si bien luego aclara que «sería equivocado decir que la bioequivalencia no funciona”, lo que parece querer insinuar es que tampoco se puede afirmar claramente que sí funciona. Sus comentarios –a nuestro juicio– parecen perfectamente calibrados para cumplir con el propósito de sembrar la duda, sobriamente y sin que nada de lo dicho pueda sonar como una opinión interesada.

Lo que no señala La Segunda es que el doctor Johnston no sólo ha recibido honorarios y financiamientos por sumas no determinadas de parte de numerosos laboratorios productores de medicamentos originales (y es accionista de varios de ellos); sino además que fue traído a Chile en calidad de conferencista pagado por el laboratorio Novartis. Este último organizó y financió una jornada científica sobre bioequivalencia en la Universidad de los Andes (1, 2), con el respaldo del Colegio Médico, pero –lamentablemente– sin la participación de ningún representante del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública, de la Agencia Nacional de Medicamentos, de entidades académicas o científicas independientes (fuera de la propia universidad en convenio) ni –para el caso– de la industria de los genéricos. Es decir, se trató de un seminario a la justa medida de su único auspiciador, y donde los únicos expositores «expertos» fueron Johnston y el doctor Mark McGrath (empleado de Novartis). No es de extrañar por tanto que Johnston recomendara usar sólo las marcas originales de ciclosporina y de anticonvulsivantes, considerando que es justamente Novartis el fabricante de la ciclosporina original y de dos antiepilépticos también originales.

Los días que siguieron a la mencionada publicación, una carta del Gerente de Acceso al Mercado de Laboratorio Chile salió en defensa de la ciclosporina bioequivalente de su compañía (y recordó de paso el sentido de la política de bioequivalencia), y otra del Jefe del Departamento de Políticas Farmacéuticas del Ministerio de Salud llamó la atención sobre los conflictos de intereses del entrevistado. Ninguno de los dos, en todo caso, mencionó el nombre del laboratorio aludido. Un notable gesto de urbanidad con quien ha hecho su mejor esfuerzo por pasarnos un aviso comercial envuelto en “opinión de experto”.

Parecería razonable preguntarse cómo es que los conflictos de interés del doctor Johnston (esparcidos por Google a la vista de cualquiera) se le escaparon al redactor de la nota en La Segunda. Pero tal vez sea más atinado preguntarse si no estaremos frente a un caso ejemplar de la conocida táctica de marketing farmacéutico consistente en divulgar a través de los medios de comunicación propaganda disfrazada de noticia o reportaje científico.

A propósito de este caso, creemos pertinente hacer hincapié en cuatro puntos generales que nos parecen relevantes:

1) Tanto el gremio médico como la ciudadanía no deben perder nunca de vista que el interés primordial de la industria farmacéutica –como el de cualquier industria– es generar utilidades y responder a sus inversionistas; un interés absolutamente legítimo (más aún si se persigue mediante la producción y comercialización de medicamentos seguros y eficaces), pero esencialmente distinto del interés primordial de la profesión médica.

2) Para la consecución de sus objetivos comerciales, la industria farmacéutica se vale de diversos medios, entre los cuales se encuentran no sólo la promoción directa y los incentivos a la prescripción, sino también el marketing disfrazado de ciencia, de educación, de opinión de expertos, de “colaboración mutua”, de agrupaciones de pacientes y de reportajes periodísticos.

3) Los conflictos de interés que un médico asume al tomar una actitud ingenuamente permisiva o francamente ganancial en su relación con la industria conllevan un serio riesgo de contaminación del juicio clínico –sea inconsciente (sesgo) o consciente y deliberada (corrupción)–, y pueden lesionar gravemente su confiabilidad y la de su gremio.

4) Un conocimiento acabado y profundo de estas materias –conocimiento que creemos debiera ser impartido en todas las escuelas de Medicina, por docentes informados y libres de conflictos de interés–, contribuirá a proteger la integridad y el espíritu crítico de los médicos y sus instituciones, y a promover un necesario y saludable escepticismo tanto dentro de la profesión como en la comunidad.